Para analizar documentos administrativos y legales, lo primero que debemos tener claro es que este tipo de documentos, al fin y al cabo, son aquellos que van a organizar nuestra vida en sociedad. Por ejemplo, un acta de matrimonio, un certificado de estudios, una licencia para poder conducir, etc.
Otro tipo de documentos que igualmente sirven para desarrollar nuestra vida junto con nuestros iguales pueden ser un contrato a la hora de realizar una transacción comercial o el que firmamos si queremos alquilar una vivienda.
Gracias a este tipo de documentos jurídicos podemos validar, certificar, y sobre todo, demostrar quiénes somos, qué tipo de negocio jurídico estamos llevando a cabo y lo que recibimos a cambio.
Los documentos administrativos y jurídicos pueden describirse como documentos probatorios públicos que verifican la identidad y personalidad jurídica de un individuo, su nacionalidad y su afiliación, por poner un ejemplo claro.
Las partes de los documentos administrativos que indicaremos a continuación son las más importantes y pertenecen a los más usados en latinoamérica, pudiendo variar de un país a otro:
La parte superior del documento, conocida como “encabezamiento”, incluirá las siguientes partes: Membrete, nombre del año, lugar y fecha, código de referencia, asunto y destinatario del documento.
En un documento, el texto es la parte central y más importante. Las secciones van a ser partes más pequeñas en que se va a poder dividir el texto. El número de secciones dependerá de cada tipo de documento.
El término o la parte inferior de un documento se compondrá de las siguientes partes: prólogo, firma, postfirma, sello, anexo y nota a pie de página.
Al analizar documentos administrativos y legales, uno de los factores que debemos tener en cuenta son las funciones principales que van a cumplir los documentos administrativos, que son dos:
El documento garantiza la continuidad y pervivencia del resto de actuaciones administrativas al proporcionarles un soporte material.
De esta forma se garantiza la conservación de los actos públicos, permitiendo a los ciudadanos comprobar si hay errores y defectos, además de permitir el acceso a los mismos y demostrar su existencia.
Los documentos administrativos se utilizan para comunicar información sobre los actos de una administración.
Estas comunicaciones pueden ser internas, entre diversas partes de la administración pública, o externas, entre la administración y los ciudadanos (personas físicas) o con demás personas jurídicas.
Al analizar documentos administrativos y legales hay una serie de atributos que se deben utilizar para identificar este tipo de documentos:
No todos los documentos tienen efectos sobre terceros, por tanto no todos deben ser calificados como documentos administrativos. Por ejemplo, los resúmenes, extractos, etc.
Los documentos administrativos son aquellos que producen efectos sobre terceros o dentro de la propia administración pública.
El emisor de un documento administrativo es el organismo que lo crea y siempre formará parte de alguno de los órganos que forman la administración pública.
Un documento administrativo será válido en el momento que este produzca una serie de obligaciones legales, tanto formales como sustantivas, reguladas dentro del derecho administrativo.
Un documento legal es cualquier medio, título o gráfico, que demuestra la existencia de un hecho, la exactitud o la verdad de una declaración y que puede utilizarse como prueba.
Estos documentos son similares a actas, cartas o escritos, con la diferencia de que, para que sean válidos, la persona que lo emite debe firmarlo y luego certificarlo.
Este tipo de documentos se utilizan de forma específica como una herramienta en determinados procedimientos y trámites.
También puede tratarse de una información singularizada, es decir, puede identificarse a través de un nombre en clave o un código, para distinguir que se trata de un asunto muy específico, de carácter secreto o de interés particular de alguna institución pública.
Los documentos legales son los firmados por una autoridad competente, como un notario o un juez. Esta autoridad debe tener un título universitario y haber tomado posesión como empleado público en materia jurídica.
Por ejemplo, un médico forense puede firmar un informe realizado por el mismo, pero no puede refrendar un documento legal, lo deberá hacer un juez.
Todo documento administrativo y legal deberá llevar sello y firma del empleado público. Aunque en la actualidad, gracias a la firma electrónica su uso empieza a ser ocasional.
Los documentos administrativos y jurídicos, como los contratos y los arrendamientos, están redactados en un lenguaje muy específico y técnico.
El lenguaje utilizado en estos documentos está basado en fórmulas, términos técnicos, expresiones y tiempos verbales muy concretos. Es un vocabulario especializado y un estilo de redacción formal.
Estos tecnicismos variarán en función del documento que se trate, por lo que hay que redactarlos y leerlos muy bien antes de pasar a firmarlos.
La razón es que estos documentos son vinculantes una vez firmados, por lo que si se firman puede tener importantes implicaciones en la vida de un ciudadano o de una empresa. Por ejemplo, si firma un contrato sin leerlo detenidamente primero, los términos de este contrato pueden ser difíciles o imposibles de cambiar después.
Tener a mano todos los documentos es fundamental para una firma de abogados. Incluso si se trata de documentos administrativos y legales que pueden remitirse desde un juzgado o administración pública.
Por ello es vital tener un software con el que puedas tener acceso a toda esta documentación estés donde estés:
Es un documento público que da fe y prueba la identidad de las personas, su personalidad jurídica respecto a la administración, su nacionalidad y su filiación, entre otras cuestiones legales.
Son emitidos por un órgano administrativo. Parten siempre de órganos de una administración pública y tienen que cumplir con una serie de requisitos tanto formales como de fondo.
Se redactan con frases y palabras de una semántica compleja y de un alto nivel cultural. Utilizan lenguaje técnico jurídico y deben redactarse con gran riqueza expresiva, con concisión, claridad y precisión.
Está compuesto por cuatro fases, las cuales son:
- Planificación: Planear y pensar con antelación las estrategias más beneficiosas para lograr los objetivos.
- Organización: Coordinar todos los recursos necesarios para comenzar a tomar decisiones.
- Dirección: Comenzar a pasar a la acción con las decisiones que se han tomado.
- Control: Supervisar cómo se están llevando a cabo las acciones y optimizar.