Cobranza judicial y extrajudicial: ¿qué significan y cómo ejecutarlas?

Tras la pandemia por la COVID-19, gran parte de la población morosa en Chile ha quedado cesante; aun así, el 46% de los chilenos endeudados recibe de 3 a 5 llamados diarios por razones de cobranza extrajudicial (Chiledeudas). Esta situación ha encendido las alarmas en el Congreso, el cual respondió desarrollando una moción (boletines 13468 y 13573) que modifica la Ley 19.496 sobre la protección de los derechos de los consumidores en materia de cobranza judicial y extrajudicial.

Dicha moción define que, durante la vigencia constitucional del estado de excepción causado por la pandemia, las llamadas o visitas de cobranza extrajudicial tendrán lugar solo dos veces por mes, regulando así las llamadas desmedidas por parte de las empresas de cobranzas. Esta solicitud fue aprobada por la Comisión de Economía de Chile, con la finalidad de evitar la carga psíquica que tienen estos procesos en los deudores.

A pesar de estos cambios, los profesionales del derecho no deben quedarse rezagados en sus gestiones relacionadas con la cobranza judicial, considerando que el número de deudores, hasta junio de 2020, presentó un incremento del 3% en relación con el trimestre anterior, sumando un total de 4.959.145 ciudadanos chilenos morosos (XXIX Informe de Deuda Morosa realizado por la Universidad San Sebastián y Equifax). 

¿Qué significa cobranza judicial?

La cobranza judicial es una acción judicial que se materializa a través de una demanda que el acreedor interpone contra el cliente moroso, quien es el deudor. La empresa, al ver que no ha recibido el pago de su cliente en el plazo del tiempo establecido, y una vez ha ejercido acciones de cobro previas, sin éxito en la gestión, acude a tribunales para iniciar un juicio. Si el juez falla a favor de la organización demandante, se procederá con la cobranza judicial.

Esta demanda judicial por deuda obliga al demandado a pagar el monto que debe más los intereses de mora o, en su defecto, asumir un nuevo acuerdo de pago con plazos y condiciones definidas. 

¿Qué es la cobranza extrajudicial o prejudicial?

La cobranza extrajudicial o prejudicial es una etapa previa a la cobranza judicial, ya que son todos los esfuerzos que realiza una empresa para cobrar su dinero a partir del primer día de mora del deudor, sin apelar a una demanda judicial. En esta etapa se aplican sistemas tradicionales de cobro tales como las llamadas telefónicas, e-mails, cartas, SMS, visitas a domicilio, entre otros. Sin embargo, si el deudor sigue sin saldar el pago a pesar de los esfuerzos realizados, la empresa puede proceder con una demanda de cobranza judicial.

¿Cómo llevar a cabo la cobranza judicial y la extrajudicial?

Las empresas, si bien pueden recurrir a la cobranza extrajudicial, también tienen la opción de omitir este proceso y realizar directamente una cobranza judicial. Sin embargo, suelen optar por una gestión prejudicial del cobro, con la intención de evitar los costos que implican los procesos jurídicos.

A continuación, explicamos cómo llevar a cabo cada uno de estos procesos: 

• Cobranza extrajudicial o prejudicial

La cobranza extrajudicial puede comenzar después de 20 días de retraso del pago. A partir del día 21 de morosidad, la empresa tiene derecho de empezar a notificarle al cliente sobre su obligación de pago, y otros detalles concernientes a la deuda.

En este punto, la empresa debe regirse por las leyes del Estado para brindarle al deudor toda la información necesaria, de acuerdo a la ley, de su posición y su responsabilidad ante la empresa. También es importante acatar las regulaciones con respecto a los horarios y al número de llamadas o de contacto que la empresa puede hacerle al cliente (como en el caso de Chile antes citado). 

• Cobranza Judicial

La cobranza judicial comienza cuando la empresa realiza una demanda al deudor. Esta demanda judicial por deuda puede realizarse después de los primeros 90 días de morosidad del cliente.

Notificada la demanda al deudor, el juez evaluará la situación, revisando si la suma de dinero y el plazo de cobranza estipulado por el demandante son los correctos. De ser válidos, se desarrollará un plan de pago para el deudor, el cual deberá respetar a cabalidad. En caso de incumplir dichos pagos, se puede proceder con el embargo de bienes y la liquidación de garantías.

Durante la cobranza judicial el rol del abogado es crucial en el proceso, por lo que es importante que esté informado en todo momento de lo que ocurre con sus litigios. Para lograrlo, es necesario reemplazar el uso de software contables tradicionales por sistemas de legaltech como CaseTracking, un programa capaz de sincronizarse automáticamente con las páginas del Poder Judicial para monitorear los casos jurídicos vía online, desde cualquier dispositivo (PC, laptop, tablet o smartphone) y a cualquier hora del día (24/7).

El uso de esta herramienta digital le permite al abogado gestionar a través de internet cada etapa de la cobranza judicial, con la finalidad de controlar de forma remota todos los requerimientos y las actualizaciones del proceso. Además del monitoreo, este software permite la programación de audiencias, el diseño de flujos de trabajo junto al cliente (demandante) y el acceso a reportings analíticos de cada caso, permitiéndole al letrado conocer cómo van sus juicios de cobranza judicial y tomar así decisiones más efectivas y oportunas.