Ley General de Urbanismo y Construcciones​​: Problemas de las áreas legales y cómo evitarlos

En Latinoamérica, el sector de la construcción enfrenta una serie de desafíos legales, en cuento a su respectiva Ley General de Urbanismo y Construcciones​ que, si no se gestionan correctamente, pueden impactar de forma directa en el avance de las obras, en el cumplimiento de los contratos y en la relación con proveedores, autoridades y clientes.

Permisos municipales, licencias ambientales, regulaciones laborales, normas de seguridad, contratos con cláusulas específicas, obligaciones tributarias, entre otras, no requieren solo conocimiento jurídico, sino que también capacidad operativa para cumplir y responder a tiempo.

Una gestión legal informal o improvisada puede llevar a sanciones, retrasos en obra o conflictos con partes clave.

En este contexto, muchas constructoras comienzan a revisar sus procesos internos y a preguntarse cómo mejorar la manera en que gestionan sus obligaciones legales para evitar riesgos operacionales, sanciones o retrasos evitables.

Por eso, la gestión legal dentro de una constructora va mucho más allá de reaccionar ante un conflicto. Implica organizar solicitudes jurídicas, hacer seguimiento a contratos, cumplir con normativas ambientales y laborales, responder ante inspecciones o auditorías y acompañar procesos administrativos.

Si esta carga legal no se maneja con claridad y visibilidad, el riesgo de errores, retrasos o multas crece significativamente.

Desorden, informalidad y sobrecarga: una combinación riesgosa

Uno de los problemas más frecuentes en los equipos jurídicos internos de constructoras es la falta de orden en el ingreso y seguimiento de las solicitudes legales. Las consultas y requerimientos suelen llegar por distintos canales —correos, llamadas, mensajes informales a través de Whatsapp— sin una trazabilidad clara. 

Esto no solo recarga al equipo legal, sino que dificulta la priorización de tareas y hace casi imposible tener una visión real de la carga de trabajo o de los tiempos de respuesta.

Además, muchos de estos requerimientos están relacionados con procesos críticos: revisiones de contrato antes de firmar, respuestas legales ante reclamaciones, análisis de licitaciones, permisos o documentos normativos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Si no se gestionan correctamente, se pierde tiempo, se generan cuellos de botella y se incrementa el riesgo de tomar decisiones poco informadas o fuera de plazo.

¿Cómo se puede ordenar la gestión legal en una constructora?

En los últimos años, algunas empresas del sector han comenzado a explorar modelos más estructurados para canalizar sus requerimientos legales. Una de las prácticas que más está creciendo es el uso de sistemas de ticketing legal. Estos permiten estandarizar la forma en que las áreas de la empresa —como obras, compras o administración— solicitan apoyo jurídico.

A través del ticketing, cada solicitud se registra de manera formal, con categoría, prioridad y responsable asignado. Esto facilita la trazabilidad y el seguimiento de cada caso desde su origen hasta su resolución. Este tipo de solución ayuda a evitar la pérdida de información en correos o chats.

Permite priorizar tareas críticas y entrega visibilidad en tiempo real sobre la carga de trabajo del equipo legal. Más allá de la herramienta en sí, lo relevante es pasar de una gestión legal reactiva a una más organizada, previsible y alineada con el resto de las operaciones. Un proceso legal bien estructurado permite no solo ganar eficiencia, sino también anticiparse a posibles conflictos.

Cuando todas las áreas tienen claridad sobre cómo hacer una solicitud legal, qué pasos seguir, cuánto tiempo tomarán las respuestas y quién está a cargo, la empresa gana tiempo, control y seguridad. Reduce el margen de error y alinea al equipo jurídico con los objetivos del negocio.

La importancia de la tecnología para sobrellevar estos desafíos

Aquí es donde la tecnología cobra un rol fundamental. Digitalizar la gestión legal permite automatizar tareas repetitivas, centralizar la información y generar reportes en tiempo real.

Con herramientas adecuadas, se pueden detectar cuellos de botella, mejorar la asignación de recursos y responder más rápido ante urgencias. Además, la tecnología facilita la colaboración entre áreas y minimiza errores humanos.

Por eso, cada vez más empresas del sector están incorporando criterios de orden, trazabilidad y análisis en sus procesos legales, tanto internos como externos abordando la Ley General de Urbanismo y Construcciones​

Una necesidad estratégica para abordar la Ley General de Urbanismo y Construcciones​ sin riesgos

En el sector de la construcción, donde cada día perdido tiene un costo y cada decisión legal puede afectar el avance de un proyecto, no se puede improvisar. Ordenar la gestión legal por medio de tecnología, definir procesos claros y dar visibilidad a los requerimientos jurídicos no solo reduce el riesgo, sino que permite avanzar con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con mayor seguridad.

Para las constructoras en Latinoamérica que buscan construir con solidez también desde lo legal, este puede ser el primer paso para transformar la gestión jurídica en una aliada estratégica, no solo en una reacción frente a problemas.