Actualmente el sistema financiero de Ecuador está enfrentando la tasa más alta en el riesgo de cartera desde el año 2017, generando un alto porcentaje de créditos en cobro judicial por parte de la cooperativas de ahorro y crédito.
Según el gerente de la Unión de Cooperativas del Sur (Ucacsur), Juan Pablo Guerra, la situación económica adversa del país ha afectado a la sociedad y, por ende, al sector financiero. “Eso complicó la capacidad de pago de quienes tienen créditos”.
Lo anterior hace que el recupero se vuelva más lento y menos efectivo, sobre todo al manejar los juicios de forma manual o depender estudios externos para hacer seguimiento y tener trazabilidad del avance de la cartera judicial.
Frente a este contexto, las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador requieren experimentar un cambio importante en sus operaciones, impulsado no solo por la necesidad de disminuir la morosidad y responder a los cambios en el comportamiento de los usuarios, sino que también por la urgencia de aumentar su eficiencia operativa por medio de tecnología.
A continuación, te presentamos las principales problemáticas que este segmento enfrenta en su día a día.
Muchas cooperativas siguen llevando sus causas judiciales en carpetas físicas, hojas de cálculo o correos. No existe una única fuente de verdad. Cada abogado o área tiene su propio registro. Esto genera desorden, información duplicada, y pérdida de control sobre fechas críticas, avances y estrategias.
Cuando no hay visibilidad centralizada de los procesos judiciales, el riesgo de omisiones, sanciones o defensas mal preparadas aumenta significativamente.
La mayoría de las cooperativas en Ecuador cuentan con abogados externos para representarles en distintas jurisdicciones. Pero en muchos casos, la comunicación se da por WhatsApp, correo o llamadas informales. No hay trazabilidad de instrucciones ni entregables documentados.
Esta informalidad pone en riesgo la defensa de la cooperativa. Y debilita la capacidad del equipo interno para hacer seguimiento o responder ante auditorías, juntas o fiscalizaciones.
¿Cuántos procesos activos tiene la cooperativa hoy? ¿En qué etapa están? ¿Qué tipo de riesgo representan? ¿Cuánto tiempo llevan sin movimiento? Estas preguntas son difíciles de responder sin un sistema de gestión de casos.
La ausencia de indicadores impide anticiparse a riesgos o planificar con base en datos. Sin trazabilidad clara, la gerencia no puede tomar decisiones informadas sobre la defensa institucional o sobre el costo legal real de la operación.
Un juicio por despido. Una demanda civil. Un reclamo de un proveedor. Cualquier omisión procesal puede transformarse en una pérdida económica o reputacional importante. Muchas cooperativas dependen de calendarios manuales o del recordatorio de alguien del equipo para no perder fechas clave.
Este modelo es insostenible. Una sola notificación mal gestionada puede traducirse en multas, sanciones, pérdida del caso o un precedente desfavorable.
El consejo de administración, el comité de vigilancia o la Superintendencia pueden pedir reportes legales detallados: causas activas, resultados, contingencias y tiempos procesales.
Cuando todo se lleva en Excel o de forma descentralizada, armar ese reporte significa días de trabajo, cruces manuales y datos que no siempre coinciden.
Un sistema de gestión de procesos judiciales permite generar estos reportes en minutos, con datos actualizados, organizados y confiables.
No son cuestiones de tamaño, ni de recursos. Son el resultado de operar sin una herramienta pensada para gestionar procesos judiciales y contingencias legales de manera profesional y trazable.
La buena noticia es que hoy existen soluciones pensadas para cooperativas de ahorro y crédito que quieren proteger su operación y defenderse mejor. Si quieres saber más, agenda una reunión con un consultor experto.