El COVID ha acelerado un proceso que debía haberse implementado poco a poco durante años anteriores. Los juicios en línea deberían ser un hecho y no estar todavía en pañales.
El tratamiento digital de la información, la facilidad para gestionar los procedimientos de manera digital y la menor pérdida de tiempo y dinero, debería ser motivo más que suficiente para implantar los juicios en línea de manera definitiva.
Por supuesto, hay que tener cuidado. Es fundamental que la implantación de los juicios en línea respeten las leyes de protección de datos y garanticen los principios de contradicción, de igualdad de partes y de inmediación judicial.
El juicio en línea es un procedimiento judicial que se tramita y resuelve en todas y cada una de sus etapas mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación a través de un sistema informático judicial.
En otras palabras, es el uso judicial de las nuevas tecnologías para gestionar los expedientes judiciales, incluida la celebración de la vista oral. Lo suyo es acabar con el papel en los juzgados de todo el mundo.
Tienen ventajas obvias, y a nuestro entender superan los posibles riesgos:
Los posibles riesgos, más que inconvenientes, podríamos resumirlos en los siguientes:
En primer lugar se debe pasar desde ya, de notificación física a notificación telemática. No se puede dar opción a recurrir al antiguo sistema de notificaciones. Estos antiguos sistemas se han demostrado ineficaces y dan lugar a retrasos continuos en los procesos judiciales.
A día de hoy, todo el mundo dispone de un teléfono móvil o una cuenta de email, y si no es todo el mundo, la mayoría de los ciudadanos. Las leyes deben obligar que todos los ciudadanos señalen cuál es su email y número de teléfono móvil a efectos de notificaciones y citaciones. Es la forma más fiable de poder citar o notificar a cualquier ciudadano, evitando retrasos judiciales innecesarios.
De la misma manera, se debe dar opción tanto al ciudadano como a las Fuerzas de Seguridad del Estado de realizar sus declaraciones mediante videoconferencia. Evita desplazamientos y pérdida de horas de trabajo.
Todo esto es fácil de redactar, pero más difícil de implantar. En cualquier país debe asegurarse la uniformidad de organización y actuación con el fin de preservar los principios generales del derecho.
Es obvio que, todas estas medidas y la implantación de los juicios en línea deben recogerse en leyes que regulen su funcionamiento. Las leyes deben garantizar el poder armar una operatividad eficiente y accesible, pero también respetuosa con las garantías procesales necesarias.
Todo esto será posible siempre y cuando los países inviertan en la justicia. La realidad es que, sin inversión, en la práctica, cada país tendrá el sistema judicial arcaico que tenía, con los problemas que conlleva.
Si se quiere una justicia moderna hay que invertir en recursos humanos y materiales. No existe otra solución posible.