Sobre los Juzgados de Policía Local y la Era del Internet

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Introducción

Resulta extraño hablar del Internet como si fuera un asunto novedoso en pleno 2021. Pero desde la perspectiva de los Juzgados de Policía Local –en adelante JPL- el asunto más que novedoso es de hecho futurístico, ya que estos tribunales aún funcionan, en cierto modo, de acuerdo al año 1990.


Este asunto es especialmente notorio cuando observamos que las demás judicaturas se encuentran plenamente accesibles mediante Internet, como es el caso de la Justicia Civil, Penal, Laboral, Tributaria, etc.


Esta falta de modernización ya era latente antes del estado de catástrofe nacional decretado en 2020, pero sin duda ahora se nota mucho más, especialmente debido a las restricciones de desplazamiento.

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Motivos por la falta de conectividad de los JPL

1. Son tribunales dependientes de los municipios

Al ser tribunales que dependen de cada municipio, no es posible hacer un cambio nacional en sus sistemas, no sin antes organizar a todas las municipalidades del país entorno a este cambio tan necesario.

2. Tienen demasiadas competencias y algunas son de baja cuantía:

Dentro de las competencias de los JPL encontramos desde partes por estar mal estacionado, hasta infracciones a la ley de alcoholes, pasando por denuncias por ruidos molestos y litigios de copropiedad, hasta juicios del consumidor.


Como se observa, las materias sobre las cuales la ley le ha dado competencia a los JPL son extensas y diversas, lo cual dificulta el proceso de cambio a la conectividad remota, dado que cada materia tiene un procedimiento establecido. A diferencia de lo que ocurre en la Justicia Civil, la que si bien contempla más materias y en ocasiones más complejas, se encuentran regidas sus materias y procedimientos en general por dos cuerpos normativos, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, en tanto que los JPL regulan los procedimientos según la materia, conteniéndose en diversos Decretos Supremos, Decretos Ley, Leyes Orgánicas, etc. Es decir, las materias y sus procedimientos no están ordenados y sistematizados en un solo código o en dos códigos, uno de materias o sustantivo, y uno de procedimiento o ritualidad procesal o adjetivo, como es el caso citado de la justicia Civil.


Adicionalmente, se revisan cuestiones cuya cuantía es tan baja, que hace poco eficiente la creación de plataformas web y su mantenimiento para litigios consistentes en ruidos molestos, partes por mal estacionado, etc.

3. Sus funcionarios no están capacitados:

El Juez de JPL ocupa el cargo de manera vitalicia hasta los 75 años. Su secretario sigue la misma suerte, y así con la mayoría de los funcionarios, que en dicho tribunal se denominan típicamente “actuarios”, los cuales no son abogados, ya que la ley no lo requiere así. Por lo tanto, la falta de capacitación es tanto legal como tecnológica en estos juzgados, lo que supone una gran labor de capacitación para que tanto jueces como actuarios puedan utilizar la intranet judicial que tanto ansían los ciudadanos.

4.- No existe un mayor interés del Estado:

Por alguna razón, la modernización de estos juzgados ha quedado rezagada en la larga lista de procrastinaciones del Estado. Seguramente se debe a las razones anteriormente anotadas. Y es que el mayor problema, sin lugar a dudas, es su dependencia municipal. Esto es así porque lo esencial de una municipalidad, tanto del punto de vista jurídico como funcional es su autonomía. La Ley Orgánica de Municipalidades (18.695) dice que son órganos autónomos, y esa autonomía que es tan conveniente para algunas cosas, en este caso resulta ser lo contrario, ya que para modernizar a cada juzgado existen dos alternativas, y al parecer ninguna resulta fácil para el Estado:


a) Modernizar cada JPL de cada comuna, por separado, y con proveedores distintos. Sin duda esta es la opción más costosa y demorosa para el Estado, ya que cada municipio deberá licitar, evaluar, cotizar y contratar a un proveedor de una solución para la digitalización de sus funciones judiciales.


b) Crear una alianza, agrupación o grupo de municipios de Chile entorno a la digitalización de su justicia. Esta es la opción más económica y eficiente para el Estado, ya que el proveedor adjudicado trabajará con el Estado en una escala de gran volumen, esto es, toda la justicia de JPL a nivel nacional, lo que de acuerdo a las economías de escala permite al Estado abaratar importantes costos. Sin embargo, el desafío aquí se encuentra en unificar a los municipios entorno a este proyecto, lo que no es fácil considerando que cada uno tiene distintos volúmenes de trabajo, distintos modos de interpretar los procedimientos y las leyes, distintos presupuestos y distinto nivel de urgencia para llevar a cabo esta titánica tarea.

Conclusión

La digitalización de la justicia de JPL no es tarea fácil por lo anotado, pero es posible apreciar una buena noticia al final de este análisis, que es que las tecnologías de la información, el costo del internet, la expansión de la conectividad y la capacitación de las personas entorno a la internet y la tecnología son fenómenos que van creciendo año a año, y eso supone menores costos para su implementación, lo cual debería ser un aliciente para el Estado para que dé impulso a esta necesidad tan grande, y no pierda de vista que la frase “sin justicia no hay paz social” es tan cierta, especialmente considerando otra relacionada que dice “la justicia lenta, no es justicia”.

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