Legaltech en latam: avances del sector público

Cuando se piensa en el sector público, especialmente en Latinoamérica, vienen imágenes que tienen que ver con largas filas, trámites engorrosos y personal malhumorado que se la pasa perdiendo el tiempo.

Y si a esta escena la colocamos en un contexto de servicios de acceso a la justicia, se vuelve una idea aún más desoladora con juicios que tardan años en resolverse y montañas de expedientes que acumulan polvo en los juzgados y tribunales.

Por suerte, la realidad se ha estado apartando de esta embarazosa idea del imaginario colectivo, para integrar la tecnología a los procesos jurisdiccionales a través de las herramientas de legaltech en latam.. 

¿Qué es la transformación digital del sector público? 

Es probable que antes ya hubieras escuchado sobre el término “transformación digital” e incluso trabajes en una empresa que tiene un área o departamento especializado en este tema. No obstante, es importante aclarar que la transformación digital no se refiere a la incorporación de la tecnología a procesos que se realizan de forma manual, pues esto último es sólo digitalización.

En cambio, la transformación digital es un cambio de paradigma en la forma de pensar cómo se realizan los procesos de una organización y mucho antes de incorporar tecnología a esos propios procesos. 

Para la transformación digital primero se encuentran las personas, quienes deben de adquirir habilidades y adaptarse a la transformación; luego están los procesos, que deben ser revisados para encontrar áreas de oportunidad donde incluso pueden no necesitar tecnología para ser mejorados; y, en último lugar, se encuentra la tecnología para acelerar y eficientar la ejecución de los procesos, por ejemplo, a través de la automatización. 

Al igual que la transformación digital en el sector privado; para el sector público también se necesitan patrocinadores e infraestructura que soporte los procesos de transformación. Los funcionarios públicos de alto nivel deben avalar e impulsar la transformación digital, mientras que se deben articular reglamentos y normativas específicas para adoptar este cambio de paradigma en las personas servidoras públicas de todos los niveles en una institución.

De esta manera, las herramientas de legaltech representan únicamente el último eslabón de la cadena de transformación digital que en los últimos años se ha venido realizando en las diferentes judicaturas de la región, pues representan la incorporación de la tecnología a los procesos legales y cuando nos referimos al legaltech del sector público, nos referimos a la tecnología en los servicios públicos de acceso a la justicia. 

Legaltech en Latam: un panorama general del sector público

Aunque las herramientas de legaltech han estado disponibles desde hace varios años, especialmente para los despachos de abogados y departamentos jurídicos de las empresas, la aplicación de éstas herramientas desde el sector público, especialmente en lo que se refiere a las judicaturas, no había sido tan relevante, hasta la llegada de la pandemia de Covid-19.

Fue a través de la emergencia sanitaria que los servicios de acceso a la justicia alrededor del mundo, y en especial los de la región latinoamericana, tuvieron que incorporar diferentes tecnologías para continuar dando sus diferentes servicios a todas las personas que así lo necesitaban. Desde audiencias virtuales, hasta expedientes electrónicos y firmas digitales, una buena parte de la tecnología de e-Justicia que se tiene hoy por hoy, no sería posible sin el gran empujón que significó el Covid-19. 

Después de la emergencia, en los últimos años y en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en 2022 se organizó la “Feria Tecnológica: Justicia Digital en Iberoamérica”, organizada por el Poder Judicial de Perú, en donde se presentaron diferentes poderes judiciales de los países de iberoamérica para compartir experiencias y conocimiento al respecto de las herramientas legaltech implementadas para la justicia digital. 

Por ejemplo, en el caso de Colombia se ha experimentado con la realización de audiencias judiciales en el metaverso a través de la plataforma Horizon Workroom de Meta Platforms Inc. Se realizó una audiencia, en donde las partes acudieron a través de lentes de realidad virtual.

En Paraguay, desde el 2017, han venido perfeccionando su Ventanilla Única Judicial, que es una plataforma que permite centralizar toda la gestión electrónica de los asuntos, trámites y expedientes; y en 2022 lanzaron una aplicación móvil para que los actuarios (notificadores) pudieran registrar toda su actividad desde un celular, incluso tomar fotografías de los lugares en donde acudieron a notificar y hasta su coordenadas GPS.

n Ecuador, una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial permitió la interoperabilidad entre los sistemas de su Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría Pública y la Policía Nacional, además de la creación de un Sistema Único de Notificación y Gestión de Trámites del Estado. 

En el caso de México dos elementos importantes están cimentando la próxima revolución de justicia digital del país. El primero de ellos es la transformación digital del Poder Judicial de la Federación que, desde 2021, cuenta con un área técnica especializada en este tema y con profesionales expertos que han ayudado a construir las bases para la transformación digital. Además, recientemente fue publicada una reforma para emitir un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que entrará completamente en vigor para 2027 e incorpora la justicia digital para todos los estados que componen la nación mexicana. 

En general, la mayor parte de los países de iberoamérica cuentan con algún tipo de sistema para la gestión y consulta de expedientes judiciales electrónicos; así como la posibilidad de desahogar audiencias por videoconferencia y plataformas para enviar y recibir todo tipo de documentos entre las partes y los tribunales, tales como demandas y escritos. 

Beneficios de la transformación digital en el sector público 

La adopción de soluciones legaltech, en conjunto con la transformación digital en el sector público de Latinoamérica, han abierto un mundo de posibilidades para los abogados y profesionales jurídicos en la región. Estas innovaciones tecnológicas no solo han revolucionado la forma en que se prestan los servicios legales, sino que también han impulsado la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad en la administración pública.

1. Agilización de trámites y procesos legales

Las herramientas tecnológicas han allanado el camino hacia la simplificación y agilización de trámites y procesos legales en el sector público, mediante la automatización de tareas repetitivas y la digitalización de documentos. Los funcionarios judiciales pueden reducir significativamente el tiempo dedicado a actividades administrativas y centrarse en cuestiones legales de mayor relevancia como la proyección de sentencias. 

2. Mejora en la prestación de servicios legales

Gracias a la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas es posible acceder rápidamente a sentencias relevantes, precedentes legales y bases de datos actualizadas, para fortalecer la capacidad y tomar decisiones informadas. 

3. Mayor participación ciudadana y confianza en el Sistema Judicial

La transformación digital busca acercar el sistema de justicia a las personas usuarias, fomentando una mayor participación y confianza en las instituciones públicas. Plataformas electrónicas para realizar consultas, presentar documentos y realizar trámites en línea han eliminado barreras geográficas y burocráticas, permitiendo que las personas que se encuentran a kilómetros del tribunal más cercano puedan promover sus asuntos sin mayor dificultad que la de obtener una firma electrónica.

Además, fomenta también la transparencia entre las personas abogadas y sus clientes, pues los expedientes electrónicos se pueden consultar a cualquier hora del día por cualquier persona que acredite su participación en los juicios. 

Desafíos y barreras para la implementación de soluciones de legaltech y transformación digital 

Aunque la transformación digital en el sector público de Latinoamérica representa un catalizador para la mejora de los servicios de acceso a la justicia, también se enfrenta a diversos desafíos y barreras que es necesario superar para alcanzar su máximo potencial.

Estas dificultades, tanto técnicas como culturales, requieren una atención cuidadosa por parte de las judicaturas y funcionarios públicos de alto nivel para garantizar una implementación exitosa y sostenible de la legaltech en la región.

•  Infraestructura tecnológica limitada

Uno de los principales desafíos en la implementación de las legaltech en Latinoamérica es la infraestructura tecnológica limitada en ciertas áreas y comunidades. La falta de acceso a internet de alta velocidad o de equipos tecnológicos adecuados dificultan la adopción plena de soluciones digitales. Aunado a que la propia justicia digital puede generar exclusiones de ciertos sectores de la población que no tienen acceso a internet o cuentan con un nivel bajo de alfabetismo tecnológico. 

• Resistencia al cambio y falta de capacitación

La adopción exitosa de la tecnología en contextos de justicia y de transformación digital requiere una cultura de apertura y adaptación al cambio. En especial los funcionarios públicos y profesionales jurídicos pueden mostrar resistencia hacia la implementación de nuevas tecnologías por diversas razones y motivaciones, en algunos casos válidas y en otros no. Es esencial proporcionar capacitación adecuada a las personas funcionarias públicas para que puedan utilizar plenamente las herramientas tecnológicas disponibles. Y poner a disposición de las personas abogadas la información necesaria para utilizar los esquemas de justicia en línea. 

• Marco legal

El entorno legal y regulatorio también presenta desafíos para la implementación de las legaltech en Latinoamérica. Las leyes y normativas actuales pueden no estar adaptadas a la realidad digital, lo que puede generar incertidumbre en cuanto a la validez legal de ciertos documentos electrónicos o procesos realizados en línea. Además, la protección de datos personales y la privacidad se convierten en temas críticos que deben ser abordados cuidadosamente para garantizar la confianza del público en la seguridad de los sistemas digitales. 

• Costos 

La adquisición e integración de nuevas tecnologías pueden requerir inversiones significativas, y las judicaturas de algunos países pueden enfrentar limitaciones presupuestarias, especialmente con la volátil economía que se vive en este período post-pandemia. La colaboración 

con el sector privado y el acceso a fondos internacionales pueden ser opciones viables para superar estas barreras financieras.

• Seguridad informática y ciberdelitos

A medida que las instituciones públicas adoptan tecnologías digitales, también aumentan los riesgos relacionados con la seguridad informática y los ciberdelitos. La protección de los sistemas y datos contra amenazas y ataques maliciosos se convierte en una prioridad. Las judicaturas de cada país deben contar con expertos en seguridad informática para desarrollar e implementar medidas de protección adecuadas que salvaguarden la integridad y confidencialidad de la información sensible, además de contar con planes que garanticen la continuidad de los sistemas de e-Justicia en caso violaciones a la seguridad. 

El futuro de la transformación digital y legaltech en latam

La transformación digital y legaltech en Latinoamérica es un fenómeno que ha cobrado fuerza en los últimos años, impulsado por la demanda de servicios jurídicos más ágiles, eficientes y accesibles. El uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain, el big data o la nube ha permitido a los profesionales del derecho optimizar sus procesos, ofrecer soluciones innovadoras y adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes.

Sin embargo, este proceso de transformación también implica desafíos y oportunidades para el sector legal en la región. Por un lado, se requiere una mayor capacitación y actualización de los abogados, así como una regulación adecuada que garantice la seguridad jurídica, la protección de datos y los derechos de los usuarios. Por otro lado, se abre un espacio para la colaboración entre los actores del ecosistema legaltech, como las firmas de abogados, las startups, las universidades y las entidades públicas, con el fin de generar sinergias, compartir buenas prácticas y crear valor para la sociedad.

El futuro de la transformación digital y legaltech en Latinoamérica es prometedor, pero también requiere de un compromiso y una visión estratégica por parte de todos los involucrados. Solo así se podrá aprovechar el potencial de la tecnología para mejorar el acceso a la justicia, la calidad de los servicios jurídicos y el desarrollo económico y social de la región.

Preguntas frecuentes de legaltech en latam