Demanda latente y digitalización de los servicios jurídicos

Los centros comerciales en los noventa comenzaron una apuesta desafiante, la expansión de su modelo de negocios hacia los sectores marginalizados de la economía de consumo, con el fin de satisfacer una enorme demanda latente que existía en el país por comercios de calidad y prestigio fuera de los tradicionales sectores de élite.

El resultado fue la expansión de su modelo de negocios y la consolidación de algunos de los grupos económicos más importantes del país. Su estela fue seguida por diversas industrias, como la salud o la vivienda, que terminaron por potenciar el crecimiento y consolidación de nuestra clase media.

La demanda latente por mejores servicios

En todos estos sectores, existía una demanda latente por mejores servicios que no estaba satisfecha por el mercado, hasta entonces centrado en el consumo de lujo, que fue satisfecha llevando a los sectores más populares las tiendas y marcas que hasta entonces estaban ubicadas exclusivamente en las áreas más ricas del país. Algo similar puede ocurrir con los servicios jurídicos, donde silenciosamente se desarrolla una revolución en la estructura de costos, merced su digitalización y a la irrupción de la inteligencia artificial.

Los pobres han sido tradicionalmente extranjeros en el mundo jurídico. Ya Menger, a comienzos del siglo XX, apuntaba que a ellos solo se les aplica el derecho penal, mientras que las instituciones del derecho civil suponen el mantener un patrimonio tan alto que escasamente podrán emplearlas. A comienzos del siglo XX, la pobreza se relaciona con el ámbito jurídico fundamentalmente a través de la policía, encargada de imponer el orden público y ocasionalmente con el derecho constitucional mediante el voto.

El variable acceso a los servicios jurídicos

Con la expansión de los derechos sociales durante la primera mitad del siglo XX, el derecho del trabajo vino a ser un segundo ámbito que ocupará el imaginario colectivo, a lo que sucedió el derecho de familia y, con la creación del recurso de protección, el derecho constitucional en su conjunto. El acceso a servicios jurídicos entre los pobres ha quedado en manos de servicios jurídicos gratuitos que ofrecen algunas entidades, como la Corporación de Asistencia Judicial, que solo pueden calificarse de heróicos, dado el volumen de causas que manejan y la poca experiencia de los recursos humanos con que cuentan, básicamente egresados de derecho. Mientras, la clase media sigue lejos de tener un acceso expedito a los servicios jurídicos. 

Si bien la expansión de la clase media a fines del siglo XX y comienzos de los 2000 ha venido a cambiar el panorama social de Chile, el derecho sigue siendo una cuestión de élite. Básicamente, los costos de contratar un abogado son altos, y debido a que sigue siendo una industria que se basa en la confianza y el conocimiento personal, la selección de profesionales adecuados sigue siendo una barrera de entrada importante a la hora de elegir un abogado.

Cuando se tiene un problema con aristas jurídicos, la recién creada clase media no sabe en quién confiar y el recurrir a un abogado implica un riesgo que el mercado no transparenta para el usuario. En un mercado cualquiera, la ausencia de conocimiento personal de los agentes suele ser suplido por las grandes firmas, que emplean su prestigio para proveer de confianza a los usuarios. En el caso del mercado jurídico, esto no es posible, porque hoy en día, la estructura de negocios de las grandes firmas apuntan hacia precios altos y clientes de élite. 

La masificación de los servicios jurídicos

Si bien la expansión de la oferta de profesionales mediante la ampliación de las plazas universitarias ha evitado que los costos asociados a la oferta y la demanda se disparen, estos igualmente son muy superiores a los que una familia normal puede afrontar y la mayor parte de nuestra clase media permanece excluida de la atención jurídica. En cualquier caso, el problema sigue siendo la confianza. En este sentido, existe una enorme demanda latente en nuestra sociedad por servicios jurídicos confiables, cuya calidad y honestidad sea garantizada por los operadores.

Ahora bien, la digitalización y el empleo de tecnologías de inteligencia digital suele tener por efecto la automatización de las funciones, aumentando la productividad de cada operador, que puede delegar en un sistema informático parte de sus actividades. Esto, llevado al mercado de los abogados, posibilita la masificación del los servicios jurídicos a una nueva escala.

Piénsese en la redacción de contratos, por ejemplo, que hoy puede realizarse de forma automatizada a través de plataformas informáticas, garantizando incluso su cumplimiento mediante smart contracts, o la resolución de conflictos mediante mecanismos de arbitraje automatizado (Online Dispute Resolution), entre otros. Las ventajas que la automatización y la inteligencia artificial ofrecen, permiten que un operador de reputación, como las grandes firmas de abogados hoy dedicadas a la élite, y que puedan garantizar la calidad de sus servicios mediante su tamaño y experiencia, eventualmente expandan sus servicios jurídicos a bajo costo entre las clases medias ascendentes y los sectores populares siguiendo la estela de lo ocurrido respectos a los centros comerciales en los noventa.

El resultado sería la judicialización de los conflictos sociales que hoy en día están fuera del mundo legal, llevando el imperio del estado de derecho y problemas que hoy en día tienen difícil solución. El cobro de deudas relativamente pequeñas, el cumplimiento de contratos o la protección de consumidores son los más evidentes entre los objetivos que fácilmente podrían alcanzarse. El resultado sería evidentemente positivo, toda vez que cuando el derecho se ausenta, la Justicia se satisface mediante la fuerza.